El Pilar Fundamental del Derecho Administrativo en Panamá: El Principio de Estricta Legalidad
Nosotros identificamos el principio de estricta legalidad como la columna vertebral de toda actuación administrativa en Panamá. Este principio fundamental establece que el ejercicio del poder público debe realizarse siempre de acuerdo con la ley vigente y la jurisprudencia. En otras palabras, el servidor público solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. Su finalidad consiste en garantizar que las autoridades se sujeten a reglas previamente establecidas, evitando cualquier tipo de arbitrariedad o abuso de poder que pueda afectar a los ciudadanos.
Nosotros destacamos que el principio de legalidad representa una garantía constitucional esencial para la protección de los derechos de los particulares frente a la Administración Pública. En el contexto panameño, este principio se erige como instrumento clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de una administración transparente y responsable.
Fundamento Constitucional del Principio de Estricta Legalidad
Nosotros encontramos el fundamento principal del principio de legalidad en la Constitución Política de la República de Panamá. El artículo 18 establece que las autoridades de la República solo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacerlo conforme a las formalidades que ella prescribe. Ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas a las que le atribuye la ley.
Este mandato constitucional se complementa con otros preceptos que refuerzan el sometimiento de la Administración Pública al ordenamiento jurídico. Nosotros reconocemos que el principio de legalidad fluye directamente de la supremacía constitucional y configura el límite infranqueable al ejercicio del poder administrativo.
Desarrollo en la Ley No. 38 de 2000
Nosotros consideramos la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, como el desarrollo normativo más importante del principio de estricta legalidad en el ámbito administrativo. El artículo 34 de esta ley dispone que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectúan con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia. Estas actuaciones garantizan la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad.
El artículo 36 de la misma ley refuerza esta obligación al exigir que las decisiones y demás actos que profieran las entidades públicas observen el orden jerárquico de las disposiciones: la Constitución Política, las leyes o decretos con valor de ley y los reglamentos.
Nosotros subrayamos que la Ley 38 de 2000 no solo consagra el principio, sino que lo operacionaliza mediante reglas claras sobre el procedimiento, la motivación de los actos y los recursos administrativos. De esta forma, se evita la arbitrariedad y se protege la seguridad jurídica de los administrados.
Contenido y Alcance del Principio de Estricta Legalidad
Nosotros explicamos que el principio de estricta legalidad implica varias consecuencias prácticas:
- Las autoridades públicas solo actúan cuando existe una norma que les atribuye expresamente la competencia.
- Toda actuación debe respetar las formalidades y el procedimiento establecido por la ley.
- Se prohíbe la emisión de actos por motivos o para fines distintos a los señalados en la norma (desviación de poder).
- Los servidores públicos deben actuar con lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, siempre dentro del marco legal.
Este principio se aplica a todas las entidades de la Administración Pública, tanto central como descentralizada y autónoma. Nosotros destacamos que su observancia resulta indispensable para mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Relación con Otros Principios Administrativos
Nosotros señalamos que el principio de estricta legalidad se relaciona estrechamente con otros principios del Derecho Administrativo, como la imparcialidad, la igualdad, la motivación de los actos y el debido proceso. La presunción de legalidad de los actos administrativos encuentra su base en este principio constitucional, aunque dicha presunción cede cuando se demuestra la ilegalidad del acto ante la autoridad competente.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia ejerce el control judicial de la legalidad de los actos administrativos, garantizando así la efectividad del principio.
Recomendaciones Prácticas para Servidores Públicos y Ciudadanos
Nosotros recomendamos a los servidores públicos que consulten siempre la norma habilitante antes de emitir cualquier acto administrativo y que documenten de manera clara la motivación cuando el acto afecte derechos de los particulares. La formación continua en Derecho Administrativo resulta esencial para fortalecer el apego al principio de legalidad.
A los ciudadanos, nosotros sugerimos que conozcan sus derechos y exijan el respeto al principio de legalidad en sus trámites administrativos. En caso de sospecha de arbitrariedad, los recursos administrativos previstos en la Ley 38 de 2000 y, posteriormente, la acción ante la Sala Tercera constituyen mecanismos efectivos de protección.
Estas recomendaciones contribuyen a construir una cultura de legalidad que beneficie el desarrollo institucional y el servicio público en Panamá.
Conclusión
Nosotros afirmamos que el principio de estricta legalidad constituye el pilar fundamental del Derecho Administrativo en Panamá. Su observancia garantiza que el poder público se ejerza al servicio de los ciudadanos y dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. De esta manera, se evita la arbitrariedad y se fortalece el Estado de Derecho en nuestro país.
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